lunes, 4 de julio de 2011

PRIVATIZA GDF ESPACIO PUBLICO EN AZCAPOTZALCO

Sigue la mula terca y quiere ser candidato "de izquierda" apoyado por la corriente Nueva Izquierda" en el PRD que la representa Jesus Ortega, financiado y dirigido por Felipe Calderón.
 

 

La privatización de espacios públicos en la delegación Azcapotzalco está en marcha. El gobierno de la ciudad des incorpora bienes del dominio público bajo la figura jurídica de Sistemas de Actuación sin justificar su utilidad para favorecer a la iniciativa privada, particularmente a las empresas del Grupo Salinas
 
A través de la desincorporación de bienes del dominio público, la administración de Marcelo Ebrard hace uso de la figura jurídica de Sistemas de Actuación para ceder espacios y aprobar proyectos a discreción sin justificar la utilidad pública.
 
De 2008 a 2010, el gobierno del Distrito Federal ha favorecido con más de 16 hectáreas de la demarcación a Grupo Avalanz, cuyo presidente es Guillermo Salinas Pliego, para desarrollar proyectos administrados por fideicomisos de carácter privado.
 
Luego de que se anunciara la construcción del Foro-Estadio en la delegación, cientos de vecinos salieron a las calles para expresar su desacuerdo frente a la privatización de los espacios, la falta de consulta y la nula transparencia.
 
El conflicto se desató con la publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal (GODF) del Acuerdo por el que se Autorizan los Compromisos de la Administración Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por Cooperación denominado Foro-Estadio-Azcapotzalco, el 14 de diciembre de 2010.
 
El documento hace pública la desincorporación de 7.2 hectáreas de un parque (Alameda Norte) y un deportivo en funciones (Deportivo Reynosa), este último con alrededor de 8 mil personas inscritas en alguna actividad y 15 mil visitantes mensuales, según datos de la administración.
 
El objeto de la desincorporación de los predios –ubicados en Deportivo Reynosa, Eje 5 Norte, y calle San Pablo (Deportivo Reynosa); y en Avenida Deportivo Reynosa, Eje 5 Norte, y calle Matlacóatl (Alameda Norte) en la colonia Santa Bárbara, delegación Azcapotzalco–, de acuerdo con la publicación, es construir y operar un centro urbano de desarrollo comercial, económico, cultural y de entretenimiento: el Foro-Estadio Azcapotzalco.
 
El proyecto urbano, de alrededor de 650 millones de pesos, se llevaría a cabo entre el gobierno capitalino y la empresa Zignia Live, SA, con razón social Operadora de Espacios Deportivos, SA de CV, también filial de Grupo Avalanz.
 
En entrevista, Enrique Vargas Anaya, delegado de Azcapotzalco, confirma que la construcción del Foro tenía por objeto dotar de estacionamiento al megaproyecto Arena Ciudad de México, que actualmente se construye en un predio colindante.
 
Aunque refiere que la empresa que construiría el Foro-Estadio “tiene recursos suficientes para comprar un predio privado”, fue al mismo Grupo a quien se favoreció con la desincorporación de bienes para construir la Arena y la Universidad CNCI en la demarcación: “Todos son de Grupo Salinas”.
 
Los beneficios a la empresa y el vínculo marital entre Enrique Vargas y Laura Velázquez Alzúa –secretaria  de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad y también responsable del Comité Evaluador de Programas de Inversión del Distrito Federal– han suscitado sospechas entre los vecinos. No obstante, el delegado responsabiliza a Ebrard de aprobar los proyectos de inversión: “La firma estampada en el decreto es del jefe de gobierno, no del Comité; el Comité nada más opina”.
 
Los bienes desincorporados del dominio público del Distrito Federal se aportarían a un fideicomiso privado, el cual, además, ejecutaría las obras y administraría los recursos derivados de la operación, funcionamiento y explotación comercial del Foro.
 
Para su aprobación, la obra no fue llevada a consulta pública, tampoco se les mostró a los vecinos el proyecto ejecutivo o los estudios de impacto urbano pese a las múltiples peticiones de información a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
 
Vargas asegura que el proyecto ejecutivo se ha negado porque no existe. Al delegado no le extraña que las autoridades aprobaran la obra sin tener antes los estudios: “En el gobierno del Distrito Federal así se hacen muchos de los proyectos”. Según Vargas Anaya, los inversionistas requieren primero certeza del predio para después iniciar los estudios que marca la ley, incluidos los de impacto urbano.

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